Presentación del dictamen jurídico ‘Cuándo se adquiere la condición de imputado formalmente en el proceso penal español’

El informe elaborado por la a catedrática de Derecho Procesal Carmen Senés Motilla se da a conocer en el Colegio de Abogados de Málaga

La autora sostiene que los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras no están imputados formalmente y, por tanto, no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo PP-Ciudadanos

(Nota de Prensa Colegio Abogados Málaga) El Colegio de Abogados de Málaga ha acogido la presentación de un dictamen jurídico elaborado por la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Almería Carmen Senés Motilla titulado ‘Cuándo se adquiere la condición de imputado formalmente en el proceso penal español’.

El decano, Francisco Javier Lara, ha acompañado en la rueda de prensa al letrado José Carlos Aguilera y al abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Antonio Caba.

El citado dictamen analiza el auto del que resultan “investigados” los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, así como el coordinador general de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, José Cardador, y su relación con el pacto suscrito por el PP y Ciudadanos en el que se comprometen a separar de las instituciones a los cargos públicos que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial.

Tras analizar el sentido y alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incorpora la figura del “investigado” en las diligencias de investigación penal, así como la finalidad y el carácter instrumental de la fase de investigación del proceso penal, la catedrática  de Derecho Procesal concluye que una persona sólo está imputada formalmente cuando se dicta un auto de apertura de juicio oral en el que se le considera indiciariamente responsable de unos hechos que, también indiciariamente, revisten carácter de delito.

En este sentido, la autora considera que Pomares, Porras y Cardador no están imputados formalmente y, por tanto, no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo PP-Ciudadanos de separación de los cargos públicos o funciones públicas que representan.

Cabe señalar que los letrados Aguilera y Caba ejercen la defensa letrada de Pomares, Porras y Cardador en el procedimiento de diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Málaga, y han requerido la elaboración de este dictamen a la catedrática Carmen Senés Motilla.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha señalado la necesidad de evitar la “constante judicialización de la política” y ha subrayado que, por encima de todo, es necesario preservar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, ya que sobre ella se asientan los principios de cualquier estado social, democrático y de derecho.