El Colegio de Abogados de Málaga ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a personas enfermas de cáncer

El decano, Francisco Javier Lara, y el presidente de la junta provincial de Málaga de la Asociación Española contra el Cáncer, Francisco Aguilar, firman un acuerdo de colaboración

 “Este convenio es una consecuencia natural de nuestro compromiso con la sociedad malagueña”, explica el decano

(Comunicación Colegio Abogados Málaga) El Colegio de Abogados de Málaga y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han firmado un acuerdo de colaboración por el que se ofrecerá un servicio gratuito de asesoramiento jurídico online a los enfermos oncológicos y a sus familiares directos de primer y segundo grado. Han suscrito el documento el decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, y el presidente de la junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Francisco Aguilar.

El objetivo del convenio es orientar a estas personas sobre los trámites legales a seguir para que afronten con garantías los diferentes conflictos que se les puedan presentar, de modo que los usuarios de la AECC tengan un mayor conocimiento de sus derechos y tengan acceso a información profesional ante supuestos jurídicos.

En caso de que sea necesario continuar el asunto a través de un procedimiento judicial, los usuarios de la asociación podrán solicitar la designación de un abogado de oficio a través del Servicio de Orientación Jurídica de la Ciudad de la Justicia.

El Colegio de Abogados de Málaga cuenta con numerosas herramientas para ayudar a las personas y colectivos vulnerables. “Este convenio es una consecuencia natural de nuestro compromiso con la sociedad malagueña, no podemos dar a la espalda a quienes más nos necesitan”, ha explicado el decano, quien ha resaltado la solidaridad y generosidad de la abogacía malagueña.

De este modo, el Colegio pone a disposición de la Asociación Española contra el Cáncer servicios como la atención jurídica por delitos de odio, la atención a personas con diversidad funcional, a personas que ejercen la prostitución, a mayores de 65 años, la Oficina de Intermediación Hipotecaria o el Servicio de Asesoramiento Jurídico a Extranjeros (SOJE).