El PP espera que el equipo de gobierno rectifique tras el informe de Secretaría que niega la emergencia para la privatización del Deporte

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  • El citado deja claro que “no concurre ninguno de los supuestos excepcionales (…) que amparen la emergencia” y que la determinación del modelo de gestión corresponde al Pleno
  • Sin embargo, pese a que se trata del funcionario de mayor rango así como el garante de la legalidad en el Consistorio, Maldonado lo ignoró y sigue adelante con el proceso

(Nota Prensa PP Mijas)  El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mijas, Mario Bravo, ha hecho una valoración del último informe de la Secretaría Municipal acerca del proceso de privatización del servicio de Deporte municipal abierto por Ciudadanos y PSOE. En este sentido, el portavoz adjunto de la formación en el Consistorio considera que dicho documento redunda en que el ejecutivo del exsocialista Juan Carlos Maldonado (ahora en C’s) ha procedido de forma irregular desde que empezó el expediente. Por eso, ha instado al equipo de gobierno a rectificar, suspender el proceso, desistir del mismo y tramitar un expediente de municipalización para decidir, en consenso junto a los demás grupos políticos y los trabajadores del servicio, el futuro de la gestión de este servicio.

“El secretario municipal es el funcionario de mayor rango del Ayuntamiento y, además, es habilitado nacional, lo que quiere decir que trabaja en el Ayuntamiento pero es un funcionario estatal y debe rendir cuentas al Estado. Una de sus funciones principales es velar por que la legalidad se cumpla. Por lo tanto, sus informes y valoraciones son cruciales a la hora de desarrollar cualquier tipo de iniciativa política. Más cuando se pretende gastar casi 20 millones de euros a lo largo de los próximos seis años, como ocurre con el proceso de privatización del Deporte que están llevando a cabo Ciudadanos y PSOE. El secretario dijo en su último informe que hicieron el proceso mal desde el principio”, explicó Bravo.

C’s y PSOE indicaron a los clubes deportivos que pidieran subvenciones para sólo ocho meses de 2017, dejando claro que pensaban hacer algo en ese periodo, pero no lo hicieron. El pasado mes de septiembre (noveno mes) “se dieron cuenta de que no tenían más dinero”, ironizó Bravo, y el actual equipo de gobierno decidió adjudicar el servicio de Deporte a dos empresas mediante un procedimiento de emergencia en base a un informe del jefe de la Policía Local (militante destacado de Ciudadanos) que aludía a una posible “alarma social”. Ya en diciembre, el ejecutivo municipal promovió la licitación del mismo por cuatro años con posibilidad de prórroga de dos años más a razón de más de dieciocho millones de euros.

Sin embargo, a este respecto, el informe del secretario afirma que “no concurre ninguno de los supuestos excepcionales previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que amparen la contratación de emergencia”. Igualmente, el citado documento enmienda el proceso llevado a cabo por Maldonado y su equipo y deja claro que “la competencia de para la determinación de la forma concreta gestión del servicio municipal de deportes, en una cuantía superior a dieciocho millones de euros en seis años, a nuestro entender corresponde al Pleno y no al alcalde o al concejal delegado de Contratación, como ha ocurrido en el expediente analizado”, como reza el informe.

“Está todo muy claro. El funcionario de mayor rango e independencia del Ayuntamiento así como el garante de la legalidad ha declarado que no hay emergencia, que la competencia es indelegable, es decir que no puede firmar el concejal de Contratación y además hay que decidir la forma de gestión en el pleno, no en un despacho en secreto. Peor que como lo han hecho, imposible. No obstante, Maldonado parece haber decidido no hacer caso a la máxima autoridad legal del Ayuntamiento e ignorarlo. En cambio, se escuda en él cuando necesita una argucia para impedir que el Pleno vote y se pronuncie sobre este asunto tan importante. Si el criterio del secretario vale para que no votemos, con más razón tiene que valer cuando dice que un proceso de contratación es ilegal, como ha dicho ya tres veces”, afirmó Mario Bravo.

 

No en vano, esta última valoración se suma a las que los pasados 1 y 2 de febrero emitió el propio secretario en las que afirmó, de forma contundente, que el proceso de licitación iniciado por Maldonado era ilegal porque no se había tramitado un expediente de municipalización previo.

En consecuencia, el PP espera que el equipo de gobierno C’s-PSOE rectifique y suspenda el proceso de privatización del Deporte, tramite un expediente de municipalización, se reúna con todos los partidos así como con los trabajadores y, entre todos, “decidamos qué modelo queremos para el deporte para los próximos años”, como puntualizó.