Encerrar a 500 inmigrantes en una cárcel por una irregularidad administrativa, no por un delito, atenta contra su dignidad y los derechos humanos

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Nuestro Grupo Municipal IU, defenderá en el próximo pleno, una propuesta para la declaración institucional del Ayuntamiento  de Alhaurín de la Torre en rechazo al internamiento de personas en situación administrativa irregular en el centro penitenciario de Málaga II ubicado en la localidad de Archidona.

(Grupo Municipal de IU) Los  pasados 16, 17, 18, 19 y 20 Noviembre de 2017 llegaron a la costas de nuestro país 962 personas procedentes en su mayoría de Argelia. Lo hicieron después de haberse jugado la vida cruzando el Mediterráneo en condiciones de extrema precariedad, después de haber pagado por un viaje cuyo destino en muchas ocasiones es la muerte y después de haber sido   víctimas del tráfico de seres humanos; y lo hicieron  para poder alcanzar la dignidad del ser humano  que le es negada en sus países de origen, lo hacen huyendo de la miseria, del hambre, de los abusos del Estado, de la falta de oportunidad, de la violencia extrema y en muchos caso de la muerte segura de ellos o de sus familiares.

Estas personas han sido tratadas como delincuentes por nuestro Gobierno y han sido encarceladas en el Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, una cárcel según Orden INT/247/2017, de 16 de marzo, por la que se crea el Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona (Málaga), que CARECE de la Orden Ministerial necesaria que habilite el cambio de uso del recinto. Una decisión que atenta gravemente contra la dignidad del ser humano, que atenta contra el espíritu democrático de nuestro país, contra nuestra propia legislación y contra los derechos humanos.

“A todo ello debemos añadir las carencias en las infraestructuras del recinto penitenciario al que han sido trasladados, el recinto no cuenta con agua potable, ni con servicio de comedor, todas estas necesidades básicas vitales están siendo cubiertas por Cruz Roja quien además desplazará en los próximos días un equipo compuesto por trabajadores sociales, monitores y mediadores. Queda claro pues que la decisión del Ministerio del Interior además  de vulnerar nuestra propia legislación, es fruto de la improvisación y de la falta de conciencia con la dignidad del ser humano”, ha subrayado, la concejala de IU, Tania López.