CSSP/Podemos reivindica que se garantice una inversión mínima en materia educativa

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(CSSP) Los recortes están acabando con los servicios públicos, algo que se ha notado especialmente en el ámbito educativo. Su calidad y supervivencia están en juego y por eso este mes nos sumamos a la campaña ‘I love 5%’ para blindar la escuela pública impulsada por el Movimiento Andaluz por la Educación.

En el Peno de marzo presentamos una Moción para instar a la Junta de Andalucía a que impulse la reforma de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación, con el objetivo de garantizar un mínimo de inversión en los Presupuestos Anuales para financiar la educación no universitaria.

«La única manera de proteger el actual sistema público de educación es obligar a las administraciones a destinar un mínimo del PIB en esta materia, para atender todas las necesidades», explica el portavoz del grupo municipal, José Piña.

Con esta iniciativa, lo que se persigue es habilitar una herramienta presupuestaria que proteja a los centros escolares de las políticas de ajustes que llegan del Gobierno Central o de la propia Unión Europea, además de garantizar que se reservan recursos suficientes para invertir en mejora de personal, infraestructuras y calidad educativa.

«Muchos de los problemas que padecen los centros educativos se solucionarían aumentando las partidas. Si queremos verlo reflejado en los centros escolares que tenemos en Torremolinos, el Ayuntamiento tiene que apoyar esta Moción», manifiesta el concejal del partido instrumental de Podemos en Torremolinos.

En la actualidad, la inversión en Educación apenas alcanza el 3,1% del PIB, insuficiente si se quiere defender una educación pública de calidad. Un aumento de las partidas presupuestarias permitiría recuperar los puestos de trabajo que se han ido quedando en el camino a lo largo de estos años de ajustes, la bajada de los ratios y la mejora de la atención de las alumnas y alumnos que más dificultades tienen.

En la moción también se pide instar al Gobierno autonómico a que garantice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta de Andalucía se haga conforme al uso y aprovechamiento máximo de sus infraestructuras.