La Junta interpone recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal que implanta la licencia deportiva única

El Gobierno andaluz impugna dos preceptos que vulneran sus competencias y perjudican a las federaciones vinculadas con el deporte base.

(Prensa Turismo y Comercio Junta Andalucía) El Consejo de Gobierno ha ratificado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los dos preceptos de la Ley 15/2014, de Racionalización del Sector Público, que implantará la licencia deportiva única a partir de su entrada en vigor el próximo 1 de julio. La Junta considera que esta medida conllevará graves perjuicios, especialmente en el deporte base, con una bajada de más del 50% en las licencias autonómicas, la eliminación de más de 200 empleos y una reducción de entre cinco y seis millones de euros en los ingresos de las federaciones de la comunidad.

A juicio del Gobierno andaluz, el artículo 23 de esta norma estatal –que modifica la Ley 10/1990 del Deporte– supone una grave injerencia en las competencias autonómicas exclusivas sobre la materia, al establecer una licencia única para participar en cualquier competición oficial con independencia de su ámbito territorial y atribuir su expedición directamente a las federaciones deportivas.

Entre otros perjuicios, los más de 500.000 deportistas federados andaluces tendrán que abonar ahora una cuota a la correspondiente federación española, supeditada a los criterios económicos que ésta determine, aunque no compitan a nivel nacional. La legislación vigente, con más de 35 años de aplicación, limita este pago sólo en caso de participación en competiciones de ámbito estatal.

En su acuerdo de ratificación, el Consejo subraya que tanto la calificación oficial de las competiciones deportivas como la expedición de las licencias son funciones públicas de carácter administrativo y titularidad estatal o autonómica según el ámbito, que pueden ejercer por delegación las federaciones. El nuevo modelo de recentralización que introduce la Ley 15/2014 supone, por tanto, una quiebra del reparto competencial garantizado por la Constitución. Además, deja sin resolver los derechos y deberes que la integración en una federación confieren al deportista en materias como el régimen electoral, la potestad disciplinaria, el aseguramiento, el dopaje o las ayudas públicas.

Por su parte, la disposición transitoria octava de la ley estatal será recurrida por quebrar el principio constitucional de seguridad jurídica, ya que establece el régimen de licencia única antes de la propia entrada en vigor de la reforma de la Ley del Deporte, es decir, sin cobertura legal alguna.

Además de los aspectos jurídicos de la intromisión estatal, la Junta destaca también que la nueva regulación es un mecanismo encubierto para paliar, a costa de los deportistas con licencias autonómicas, las carencias financieras provocadas por el propio Gobierno en las federaciones de ámbito nacional, con recortes que han alcanzado el 50% en los Presupuestos Generales del Estado.

La licencia única conllevará un especial perjuicio al deporte base, más vinculado al ámbito autonómico. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2014, Andalucía es la comunidad con mayor número de licencias (514.000) y de clubes federados (11.600).

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