El PP llevará al Parlamento andaluz la situación de los monitores titulados despedidos por Educación

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González - 12 diciembre

• González considera «demencial la política de parches sucesivos de la Consejería», que ahora deja como damnificados a este colectivo profesional y a los centros desatendidos

• 140 monitores escolares titulados en la provincia de Málaga han sido despedidos pese a contar con un informe favorable de la Inspección de Trabajo

(PP Málaga) El parlamentario del PP de Málaga y vocal en la Comisión de Educación, Víctor González, va a trasladar a dicha comisión del Parlamento andaluz la próxima semana la situación en la que se encuentra el colectivo de monitores escolares titulados cesados menos de un año después de ser contratados por Educación como ‘plan de choque’.

 

Éstos han sido despedidos por la Junta de Andalucía para readmitir a su vez al personal de apoyo administrativo que estaba subcontratado anteriormente a través de empresas privadas, que fueron también despedidos y que ganaron en los tribunales su derecho a ser reincorporados.

Según González, que ha mantenido un encuentro con representantes de este colectivo, «la situación en la que se encuentran estos profesionales es kafkiana, porque la Junta les contrata haciéndoles pasar un rigurosísimo proceso de selección para suplir al personal de apoyo que decidió despedir, y ahora, siete meses después, los echa a la calle porque los tribunales la obligan a readmitir a los primeros, es demencial». «Es la segunda parte del escándalo de los monitores escolares, ahora con otros perjudicados», ha añadido el parlamentario.

Plan de choque fallido

Se trata de 140 personas afectadas por esta situación en la provincia de Málaga – 1.020 en toda Andalucía – que fueron cesados el pasado 14 de noviembre a pesar de contar con la titulación de Técnico Especialista en Administración de Empresas y haber superado un proceso de selección de tres meses para realizar tareas de apoyo al equipo directivo de los centros educativos.
Su contratación se llevó a cabo a través de un plan de choque, que contemplaba un año de contrato, tras el que se realizaría una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para mantener sus plazas. Sin embargo, denuncian que estas condiciones no se han cumplido, ya que han realizado su tarea en jornadas de 8 y 12 horas semanales y por sólo siete meses. Es por eso que cuentan además con un informe favorable de la Inspección de Trabajo, que considera «en fraude de ley» sus contratos, ahora extinguidos.

«La nula capacidad de gestión y la política de parches sucesivos del consejero Luciano Alonso están dejando no sólo como damnificados a este numeroso grupo de trabajadores», ha afirmado el parlamentario popular, «sino también a los centros educativos desatendidos, porque llevan un mes sin este personal de apoyo».

Víctor González, que ha recogido las quejas de este colectivo, ha asegurado que «lo único que plantean es que, en primer lugar, al menos se les escuche por parte de los responsables del Gobierno andaluz». «Pero su reivindicación pasa además por algo tan sencillo como poder optar en las mismas condiciones a estos puestos y que sean tratados con la misma vara de medir», ha añadido.

Por eso, el parlamentario popular ha anunciado que la próxima semana llevará este asunto al Parlamento andaluz, «para que al menos este colectivo pueda disfrutar del derecho que les niega la Junta, a ser escuchados y a tener las mismas oportunidades que los demás».