Las pensiones públicas pueden garantizarse con voluntad política

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(Izquierda Unida Alhaurín el Grande) En el marco de las innumerables concentraciones y manifestaciones de pensionistas y con las encuestas situando a la preocupación por las pensiones como uno de los principales problemas de los españoles, por encima de la independencia de Cataluña, la Asamblea de Izquierda Unida en Alhaurín el Grande organizó el pasado jueves 12 de abril una charla informativa sobre el futuro del sistema público de pensiones.

El acto corrió a cargo del Secretario de Organización del Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CC. OO., la diputada provincial de IU, Teresa Sánchez y el actual Coordinador Local de la formación y profesor de economía en la Universidad de Málaga, Juan José Plaza. Todos los ponentes coincidieron en señalar como cuestión de voluntad política, y no técnica ni económica, el hecho de garantizar un sistema público de pensiones. El mandato constitucional es claro y los poderes públicos deben garantizar “la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, a lo que el Tratado Internacional suscrito por España de Declaración Universal de Derechos Humanos, de obligado cumplimiento, añade que deberá “satisfacer las necesidades indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. Nada dice nuestra Constitución de cómo debe lograrse, sólo que debe garantizarse.

Sin embargo, las últimas reformas del sistema de pensiones no garantizan que la cuantía de las mismas permitan una vida plena de nuestros jubilados alejados de la pobreza, sino todo lo contrario. Lo que pretende el gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos es, según informe del Banco de España, reducir el gasto en pensiones. Así, la previsión actual es que dentro de treinta años la pensión de jubilación suponga nada más que el 40% del salario, cuando ahora ronda el 70%. En la actualidad, la población en edad de jubilación supone el 16% de la población y en el año 2050 se calcula que será del 33% pero el gasto en pensiones será igual al actual. Es decir, más pensionistas y mismo gasto, pensiones más bajas.

Los ponentes, destacaron también que el ataque que están sufriendo las pensiones públicas tiene un objetivo fundamental: desgastar el sistema para fomentar los fondos privados y que las aseguradoras y bancos hagan negocio a costa del ahorro de los trabajadores.

Ante esta situación Izquierda Unida insiste en la voluntad política necesaria para garantizar la financiación con nuevas fuentes de ingresos. Si hay dinero para rescatar a los bancos, 66.000 millones de euros y 100.000 millones más en avales, 6.000 millones para rescatar autopistas, 10.000 millones para comprar armas, hay dinero para pagar un aumento de las pensiones de 2.300 millones. Además, se puede luchar contra el fraude en la contratación, reducir las bonificaciones, rebajas y deducciones a las grandes empresas, eliminar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, restituir la edad de jubilación a los 65 años y a partir de los 61 años quienes tengan 35 años cotizados, poder elegir los 240 mejores meses de la vida laboral para calcular la base reguladora o incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora, entre otras